Según informa desde La Habana el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC), hasta el momento el gobierno cubano "ha entregado un millón de hectáreas de tierras ociosas, el 56% de lo planificado (1.763.000)", según el plan iniciado por Raúl Castro en 2009 para reactivar la producción agrícola, que había sido una de las más bajas en la historia del país desde su independencia.
El Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos es una organización sindical independiente, fundada en Cuba en el año 1995, con el objetivo de lograr la libertad sindical de los trabajadores cubanos, ampliar sus derechos, beneficios y ventajas, según constan en la Constitución de la República, el Código de Trabajo, así como los Convenios y/o Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual es signataria.
Según este informe recibido de La Habana, la isla tenía 3,6 millones de hectáreas de tierras ociosas del total de poco más de seis millones de hectáreas cultivables. El CUTC insiste en su breve enfoque que "lo primero que debe hacer [el gobierno] es dar facilidades a los campesinos que le hicieron el favor de adquirir tierras ociosas, sobre todo a la hora de cosechar y vender los productos, eliminando los centros de acopio. Se impone la necesidad de que la transportación de la cosecha se realice por gestión de quienes explotan la tierra, e igual posibilitar que vendan sus productos directamente, sin la mediación de intermediarios, que lo que hacen es provocar la pérdida de lo producido, con el consiguiente malestar a los mismos".
Añade el CUTC que: "Se imponen formas de producción que faciliten que las mercancías lleguen al mercado y de éste a la población, a precios asequibles al salario de la clase obrera. Por su parte, la agricultura industrial presenta serias dificultades, por la falta de actualización".
Los estrictos controles económicos que impone el gobierno cubano a los agricultores impide que puedan organizar un sistema bancario cooperativo para obtener micro-créditos, según el tan exitoso modelo del Grameen Bank, o cualquier otro de los que se están aplicando en otros países. Las leyes cubanas prohíben expresamente la concesión de créditos que deban ser reintegrados con una tasa de interés (por muy baja que esta sea) y no autorizan la creación de uniones de crédito cooperativas. Estas leyes están orientadas a beneficiar a grandes empresas controladas mayormente por ex ministros, ex militares o ex miembros del Comité Central, así como también por muchos funcionarios activos a distintos niveles gubernamentales.
Los campesinos que tratan de obtener ventajas de estas "concesiones" se ven marginados y oprimidos por altos impuestos, cargos y permisos, muchas veces incluyendo la necesidad del soborno para que se resuelvan. El peso subsiguiente de los impuestos, las inspecciones sumamente estrictas y el hostigamiento de las autoridades ante cualquier iniciativa acaban por ser abrumadoras. Para colmo, los impuestos a los pequeños negocios y empresas agrícolas se basan en cargos mensuales que no tienen en cuenta los ingresos ni las ganancias (o pérdidas).
El CUTC confirma este panorama afirmando que: "El problema fundamental del campesinado es la inoperancia de las Cooperativas de Créditos y otras formas centralizadas que frenan el desarrollo agropecuario, en sentido general."
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