El próximo tratamiento por parte de la Cámara de Senadores [en Argentina] del proyecto de ley que legalizaría el casamiento entre personas de un mismo sexo ha generado fuertes controversias. Tanto quienes lo apoyan como quienes lo rechazan lo hacen encendidamente, con fuertes y contundentes argumentos, los cuales en algunos casos es fácil no compartir, pero otros son por demás razonables.

Hay un análisis del tema desde un punto de vista alternativo, en la tradición del llamado Análisis Económico del Derecho, el cual hace uso de la metodología y conceptos provistos por la ciencia económica para llevar a cabo el análisis de leyes y regulaciones. Puede sonar extraño, pero académicos de la talla de David Friedman, Richard Posner y Gary Becker (Premio Nobel de Economía, 1992), han tratado el tema, y el primero de ellos propone la idea que se desarrollará en esta nota: «Probablemente tanto aquellos que apoyan la legislación, como aquellos que la rechazan están equivocados». Esto, que aparenta ser una imposibilidad lógica, no lo es tal si se lleva el análisis al origen del problema, la Ley de Matrimonio Civil.

Comencemos por resumir los aparentes costos y beneficios que habría de generar la legislación. Heredar sin la necesidad de haber realizado un testamento, recibir cobertura social y cobrar la pensión de la pareja son algunos de los objetivos obvios, los cuales existirían también en caso de sancionarse una ley de unión o enlace civil. ¿Cuáles son los beneficios adicionales del matrimonio sobre el enlace civil? A primera vista existen beneficios objetivos, como la posibilidad de adoptar, y subjetivos, como el denominar matrimonio a la unión llevada a cabo, con el simbolismo que representa dicha palabra, y de tal forma no sentirse discriminados como parejas frente a sus pares heterosexuales. ¿Por qué lo rechazan quienes se oponen? Posiblemente por los mismos motivos. Lo que una de las partes percibe como un beneficio, la otra lo siente como un costo, ése es el real problema.

Pragmáticamente, no veo en la posibilidad de llevar a cabo o no una adopción el principal beneficio percibido por quienes apoyan la ley, de la misma forma que no lo identifico como el principal costo para quienes se oponen. En primer lugar, la Ley de Adopción nada especifica sobre el tema, no discriminando a los ciudadanos por su orientación sexual. Según nuestra legislación una persona soltera se encuentra calificada para adoptar, aunque en la práctica esto es completamente inusual, sin depender de la orientación sexual del potencial adoptante. Independientemente de ello, una mujer soltera puede recurrir a un procedimiento de inseminación artificial a los fines de acceder a la maternidad, sin importar, por supuesto, su orientación sexual, pudiendo criar al niño sola o con su pareja, cualquiera sea la orientación sexual de la misma.

Según informa desde La Habana el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC), hasta el momento el gobierno cubano "ha entregado un millón de hectáreas de tierras ociosas, el 56% de lo planificado (1.763.000)", según el plan iniciado por Raúl Castro en 2009 para reactivar la producción agrícola, que había sido una de las más bajas en la historia del país desde su independencia.

El Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos es una organización sindical independiente, fundada en Cuba en el año 1995, con el objetivo de lograr la libertad sindical de los trabajadores cubanos, ampliar sus derechos, beneficios y ventajas, según constan en la Constitución de la República, el Código de Trabajo, así como los Convenios y/o Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual es signataria.

Según este informe recibido de La Habana, la isla tenía 3,6 millones de hectáreas de tierras ociosas del total de poco más de seis millones de hectáreas cultivables. El CUTC insiste en su breve enfoque que "lo primero que debe hacer [el gobierno] es dar facilidades a los campesinos que le hicieron el favor de adquirir tierras ociosas, sobre todo a la hora de cosechar y vender los productos, eliminando los centros de acopio. Se impone la necesidad de que la transportación de la cosecha se realice por gestión de quienes explotan la tierra, e igual posibilitar que vendan sus productos directamente, sin la mediación de intermediarios, que lo que hacen es provocar la pérdida de lo producido, con el consiguiente malestar a los mismos".

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