DEMOCRACIA  PARTICIPATIVA
Promoting democratic participation and human rights
En favor de la democracia participativa y del respeto a los derechos humanos

FEDERACIÓN VERDAD VENEZUELA

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Informe sobre las Elecciones Municipales del 7 de agosto de 2005
Aprobado en el marco del 1° Encuentro de Coordinadores Regionales, celebrado en Caracas del 7 al 9 de julio de 2005

Las elecciones deberían ser el vehículo democrático para poder resolver estas situaciones, pero eso requiere una institución, encargada de celebrar las elecciones, que sea confiable y el CNE absolutamente no lo es. Todo lo contrario, ha sido fraudulento desde que comenzó su actividad, violatoria de la Ley Orgánica del Sufragio. Aquí estamos ante la expresión de una falsa mayoría creada para el referendo y en ese sentido no habrá elecciones sino una pantomima organizada por el Estado porque, ¿quién puede tener confianza en un CNE como ese?

Declaración del Cardenal Rosalio Castillo Lara, El Universal, 16 de julio de 2005. 

CUANDO LAS ELECCIONES NO SON ELECCIONES

Al referirnos a los sistemas electorales estamos planteando la existencia de un conjunto de normas, instituciones y mecanismos existentes para garantizar los procesos electorales como formula democrática que acredita la manifestación de la voluntad popular. Independientemente de que se parta de las teorías democrático-pluralistas o de una teoría elitista de democracia, el sufragio, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ha pasado a ser un instrumento fundamental y universal de las democracias occidentales. Ahora bien, ante la actual coyuntura que vive Venezuela, caben las interrogantes: ¿Es el sufragio un fin en sí mismo?; ante la inexistencia de condiciones de participación, ¿Esta el ciudadano impelido a entrar al callejón sin salida del fraude?

Las elecciones y el sufragio se han convertido en constante y realidad de los sistemas que se definen como democráticos. Ahora bien, los procesos electorales convocados a raíz del referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004 se alejan de la participación popular activa y se manifiestan como una expresión de una elite, corrupta y corruptora, aglutinante de detentadores del poder y aspirantes a él, entendidos en la pervivencia de un sistema injusto que les da beneficios y cuotas de dominio a costa del bienestar general. Es así que la intervención en este tipo de simulacros, sin siquiera luchar por el derecho y las condiciones de participación política de los ciudadanos, constituye una colaboración con la legitimación de esas relaciones de dominio y el mantenimiento del Régimen autoritario y sus agresiones contra la sociedad democrática. En efecto, el enfrentamiento es entre el Régimen y los factores que lo legitiman Vs la Sociedad Democrática.

La representación democrática implica una actuación en nombre de los intereses generales y la posibilidad de tomar decisiones por los representados. De la congruencia de la decisión asumida en virtud de ese mandato con los intereses, necesidades y deseos de esa comunidad política que se representa depende la propia calificación del sistema como democrático o no. En la Venezuela actual no solo se presenta un proceso dialéctico entre representante y representados que ilegítima a las instituciones sino que se utilizan a las mismas contra el ciudadano. Y estas agresiones se producen sin resistencia de la mayoría de aquellos que comparten el teatro de la “institucionalidad revolucionaria” y aspiran repetir haciendo bulto en el teatro electoral.

En cualquier democracia consolidada del mundo sería un lugar común señalar como principios del sufragio su universalidad, inmediatez, periodicidad, su carácter secreto, libre e igualitario ya que, sin tales características, las elecciones se convierten en un instrumento idóneo para impedir la materialización del objetivo de cualquier democracia. En este país, hoy estamos luchando, y no todos, por esa inmediatez al exigir el conteo manual y no virtual de nuestros votos; el voto libre, al enfrentar las listas excluyentes promovidas por quien las anunció como tacha histórica y es el único que tiene el poder de imponerlas o eliminarlas; y el voto secreto, al negarnos a la utilización de unas “maquinas casa-huellas” y a unos “cuadernos digitales”, adicionalmente concebidos para borrar la prueba del engaño virtual.

 

LA PERVERSIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL

La Constitución establece los parámetros del sistema electoral, principalmente el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional, y ha dejado al desarrollo legislativo la definición de las instituciones electorales. Para determinar la proporcionalidad, en el sistema de representación de las minorías surgen dos especies características: los cocientes electorales y el mecanismo de divisores. En el primer sub-sistema podemos ubicar, sólo a título de ejemplificación, los mecanismos de Hare, Hagenbach.Bischoff, Droop e Imperial. En cuanto al mecanismo de divisores encontramos los mecanismos D`Hondt, Saint Lague y Saint Lague modificado.

En Venezuela, tradicionalmente se ha aceptado el sistema D`Hondt para garantizar el reparto equitativo de los cargos de elección popular con base a la votación obtenida. La norma fundamental consagra que “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”; con base en el principio de soberanía popular que se traduce en que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

Ubicadas en la parte dogmática de la Constitución, concretamente en la que enumera los derechos políticos, encontramos las disposiciones sobre el derecho de todos los ciudadanos de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas; y la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública como el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. En este contexto, la definición de un Poder Electoral que se constituya en el órgano que garantice el equilibrio de los factores políticos actuantes en la sociedad es el presupuesto de efectividad del Régimen Democrático.

El Consejo Nacional Electoral fue designado, con carácter provisorio, en fecha 25 de agosto de 2003 y juramentado en fecha 27 de agosto de 2003 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sin la intervención del Comité de Postulaciones Electorales del Consejo Nacional Electoral, debidamente integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, tal como lo establece el artículo 295 de la Constitución Federal. Ahora bien, el carácter definitivo con el que actúa el cuerpo electoral así nombrado, el hecho de que no se haya respetado el orden de suplencias establecido por el propio Tribunal Supremo al producirse las faltas absolutas de los rectores principales Ezequiel Zamora y Francisco Carrasquero, además del incumplimiento del procedimiento pautado en el artículo 296 del texto Fundamental que establece: “El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano”; constituyen hechos objetivos que definen la ilegitimidad de dicho Cuerpo.

En la práctica se ha dado una usurpación de las atribuciones de la Asamblea Nacional a la que corresponde, por expreso mandato constitucional, la designación originaria de los Rectores con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. La mayoría calificada requerida y la participación de la Sociedad Civil constituyen la única garantía de la imparcialidad e idoneidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral por lo que, establecida tal ilegitimidad de origen y actuación, tanto las normas aprobadas como los procesos comiciales convocados por dicho ente son irritos.

Ante una situación tan obvia, la dirigencia de la mayoría de los partidos políticos, en lugar de presentar una estrategia de defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, participan en un proceso de legitimación de un Régimen que encuentra como fortaleza fundamental tal intervención. Estos factores de legitimación son los mismos que han llevado a la Sociedad Democrática venezolana a las celadas que han significado procesos electorales amañados renunciando a los argumentos y posibilidades que les ofrecían la Constitución y la Ley.

El sometimiento a las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral confirma la existencia de un esquema fraudulento que se mantendrá mientras sigan al frente del Consejo Nacional Electoral aquellos que ejecutaron el fraude electoral del año pasado. Las circunstancias determinantes del despojo que sufrió la Sociedad democrática, en el Referendo Revocatorio del 15 de agosto, son las mismas o se han agravado: No hay un espacio efectivo para el debate público en virtud de la manipulación, presiones y control sobre los medios de comunicación social; el Registro Electoral esta viciado y no se ha efectuado ninguna revisión efectiva del mismo; no existen controles efectivos sobre el sistema automatizado; y los factores políticos no tienen acceso a los elementos esenciales del proceso.

 

EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS LIMITANTES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

De una simple revisión de las denuncias presentadas ante instancias internacionales surge como conclusión que el Régimen de Chávez Frías, utilizando el control institucional, especialmente aquel que ejerce sobre el Poder Judicial, viola en forma sistemática el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969, ratificada por Venezuela en fecha  9 de Agosto de 1977 y en la dogmática internacional que rige la materia. Las limitantes al debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública y las restricciones al ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión constituyen un aspecto que desequilibra cualquier campaña electoral.

Este tipo de restricciones ha tenido un impulso fundamental con la desmovilización de la sociedad democrática como consecuencia del fraude masivo, selectivo y cualitativo que se produjo en el Referendo Revocatorio del 15 de agosto de 2005. No es por azar que después de dicho evento, el 9 de diciembre de 2004, se aprobó en segunda discusión una reforma del Código Penal caracterizada por el aumento de las penas y el establecimiento de delitos que vulneran la libertad de pensamiento y de expresión; así como que, el 7 de diciembre de 2004, se haya publicado en Gaceta Oficial la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión signada por la regulación de los contenidos transmitidas en estos medios.

 

Estos cambios encuentran su antecedente más importante en la Sentencia N° 1942 del 15 de julio de 2003, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se da vigencia a los delitos de expresión conocidos como “leyes de desacato” en abierta contradicción con la tendencia internacional de eliminación de los mismos. Con estas acciones, el Régimen pretende anular un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que las libertades subyugadas por esta normativa constituyen la “herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión”.

La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en su ejecución, está siendo dirigida a regular los contenidos de los medios privados y no de los públicos. Aquellos se han inhibido a tal grado por las eventuales consecuencias de una discrecional aplicación de sus normas que han disminuido sensiblemente los espacios informativos y de opinión. Aunque se debe reconocer la heroica resistencia de algunos medios y comunicadores sociales a las presiones de todo tipo de los que son víctima, la realidad es que esta arremetida contra las libertades públicas ha tenido su efecto y pueden ser definitivas en los procesos electorales. Adicionalmente, las radios y televisoras del Estado están al servicio de la parcialidad política de Chávez Frías y excluyen cualquier espacio que pueda ser utilizado por los factores democráticos, mucho menos en campaña electoral.

En este punto, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es contundente en el sentido de que el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí. Al respecto, la Corte Europea ha establecido que “las elecciones libres y la libertad de expresión, particularmente la libertad de debate político, forman juntas el cimiento de cualquier sistema democrático” (Cfr. Sentencia del caso Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Belgica, de 2 de marzo de 1987, Serie A no. 113, p.22, párr. 47, y sentencia del caso Lingens c. Austria de 8 de julio 1986, Serie A no. 103, p. 26, párrs. 41-42).

Lo peor esta aun por analizarse. Dada la situación especial de politización que vive el poder judicial en Venezuela, no existe instancia interna que, de cualquier forma, pueda eliminar o tan siquiera atenuar la violación de los derechos de los comunicadores sociales y dirigentes sociales perseguidos por el ejercicio de derechos expresamente consagrados en el texto constitucional. Estas circunstancias han sido destacadas en diversos pronunciamientos de organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras (RSF), Comité de Protección de los Periodistas (CPJ), Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS); y de las ONG de derechos humanos CECODAP, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, PROVEA y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB.

Constituye un factor fundamental a analizar que, a las restricciones inconstitucionales a los medios de comunicación ya existentes y a la persecución de comunicadores y dirigentes sociales, se añada el hecho de los numerosos medios de comunicación controlados por el Régimen. A los canales de televisión Venezolana de Televisión V.T.V., Telesur, Asamblea Nacional TV o Vive TV; al poder del Circuito YVKE Mundial y a los otros medios definidos como comunitarios cercanos a los doscientos de acuerdo con la página web de CONATEL y al casi centenar de publicaciones periódicas que ejecutan la política comunicacional del régimen, no se les aplica las restricciones legales que oprimen a la prensa libre y a los otros medios de comunicación privados. Este control no esta diseñado tanto como instrumento para desarrollar una política comunicacional oficial sino para servir de plataforma única a la oferta electoral del Régimen porque son empleados para la propaganda y el proselitismo político.

Pero el sector de comunicaciones controlado por el Régimen no solo crece y se fortalece, en forma progresiva, a través del control formal sino que la creación de estructuras para producción de contenidos, destinados a reforzar el control sobre la Sociedad Democrática, se ejecuta mediante la utilización de los fondos públicos presupuestados con carácter propagandístico y la conformación de un espectro radiotelevisivo silenciado por la amalgama de intereses económicos, en algunos casos consolidados con los dineros de la corrupción. Mientras se produce el cercenamiento de los medios de comunicación libertarios y la disminución de los espacios de información y opinión en el sector privado, los estudios e investigaciones, más serios y objetivos, dan cuenta de un aumento sustancial de los programas de información y opinión en los medios de comunicación controlados por el Régimen, “lo cual pone en evidencia un cambio radical en la orientación de la programación y la producción del canal estatal”.

Este entorno mediático en el proceso electoral del 7 de agosto, así como los próximos a realizar, constituye un abuso de posición de dominio del Régimen por encima de todos los ciudadanos aunado a la utilización indiscriminada y abusiva de bienes públicos al servicio de una parcialidad política. De esta forma, se impide el debate político que precede a las elecciones de las autoridades municipales y la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información. El voto deja de ser una elección entre diversas propuestas y se convierte en un dispositivo más de quienes puedan movilizar una maquinaria.

 

FRAUDE Y COHECHO EN EL REGISTRO ELECTORAL

De todos los elementos fraudulentos que signan los procesos electorales que se ejecutan en Venezuela el más evidente es aquel que se deriva de la dislocación del Registro Electoral (indebidas exclusiones, reubicaciones e inscripciones), en el que se puede constatar, en forma objetiva, el impacto y significación cuantitativa de una manipulación que tiene su punto de arranque en la nueva Ley Orgánica de Identificación, aprobada en fecha 8 de noviembre de 2001, y en el control absoluto que se ejerce sobre los sistemas de cedulación desde el 1° de Octubre del 2.003, momento en que se produce la sustitución de los funcionarios públicos encargados de esta tarea con militantes del Régimen.

No es por casualidad que, en fecha 18 de Octubre del 2.003, la Dirección Nacional de Identificación Civil de la DIEX haya activado el Plan Nacional de Cedulación, prolongado hasta el  03 de Mayo del 2.004. Este Plan paralizó los procesos de otorgamiento institucional y lo convirtió en un ejercicio de activismo político exclusivo y excluyente. Además, como ingrediente de relevancia singular, esta la aprobación del Reglamento para la Regularización y Naturalización de los Extranjeros que se Encuentran en el Territorio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.871, de fecha 3 de Febrero del 2.004, mediante el cual se ejecutó un proceso masivo de otorgamiento de la nacionalidad venezolana a extranjeros en situación de ilegalidad otorgándoseles, en forma discrecional, la condición de residentes y de votantes, una vez que se inscribieron en el Registro Electoral Permanente. Muchas de estas personas tienen una pertenencia con el país que los hace acreedores de la nacionalidad venezolana pero, en realidad, lo que buscan con la aplicación de estas normas es disfrazar el registro de personas que no tienen el derecho a votar e, inclusive, vulnerar la seguridad del Estado ya que, aplicando la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, fueron eliminados los procedimientos de verificación de los antecedentes penales y policiales de los solicitantes. De ahí que surja la convicción de que los planes del Régimen van más allá de una manipulación electoral.

Ya se ha sostenido, en los informes de fechas 8 de septiembre y 15 de octubre de 2004 que fueron presentados por la Comisión de Sustanciación que investigó el Fraude Electoral en el Referendo Revocatorio del 15 de agosto de ese año, que la activación de la Misión Identidad, en fecha 9 de Abril del 2.004, constituyó la piedra angular de la estrategia de la cedulación como elemento fundamental de esa manipulación e, inclusive, el mismo Chávez Frías así lo ha reconocido en diversos eventos al afirmar que “de no haber sido por la Misión Identidad se habría perdido el revocatorio”. Precisamente, la utilización de una plataforma tecnológica basada  en un sistema que no tiene la base de datos digitalizada de la Dirección de Archivo Central y Dactiloscopia de la DIEX y en el que no existió control o supervisión en la emisión de las Cédulas de Identidad, con el agravante de que los funcionarios o militantes políticos se limitan a interrogar al interesado sobre si estaba inscrito o no procediendo a inscribirlo o reubicarlo dependiendo de su compromiso político, hacen de ese Registro Electoral una trampa que incide definitivamente en los resultados.

La mejor prueba de esta situación es que las proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística estiman un crecimiento anual de la población general de 453.305 habitantes. Si a esta estimación le aplicamos el porcentaje histórico de población electoral sobre la población total del 48%, resultará un crecimiento estimado anual de la población electoral de 217.586 habitantes con derecho a inscribirse en el Registro Electoral. Sin embargo, a pesar de la constante de crecimiento poblacional estimado, el Registro Electoral se incrementó,  entre enero y 10 de julio de 2004, en un millón setecientos cuarenta y tres mil quinientos trece (1.743.513) electores con respecto al Registro Electoral de diciembre de 2003 que alcanzaba la cifra de doce millones trescientos diez mil treinta y un (12.310.031) electores; es así que el REP se incrementó en 13% para el RRP. Además, se realizaron más de un millón cien mil (1.100.000) reubicaciones. Como dato curioso, la diferencia entre el NO y el SI, de acuerdo a los resultados oficiales del CNE, fue de 1.811.621 votos; y, en seis (6) meses, la población de Venezuela envejeció súbitamente porque de 48% de inscritos sobre la población general pasamos a 54%.

El cierre del Registro Electoral Permanente, el 10 de julio de 2004, y su ulterior reapertura para efectos de realizar nuevas reubicaciones e incorporaciones de electores hasta el 30 de julio (a escasos 15 días de las elecciones) violó lo establecido en el Artículo 119 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que establece expresamente que, “para cada elección, el Registro Electoral vigente será cerrado noventa (90) días antes de la fecha de la realización de las elecciones o referendo”. Esto sin incluir la manipulación sin control que continúo hasta el sábado 14 de agosto, la reiteración de los hechos para las elecciones del 31 de octubre siguiente y el actual escenario que, por sí mismo, constituye un fraude masivo de conformidad con el ordinal 2° del artículo 216 de la misma Ley e invalida el proceso con un vicio de nulidad absoluta.

Para las elecciones municipales, el Consejo Nacional Electoral puso en marcha un plan de depuración de fallecidos sin control que trajo como consecuencia la injusta exclusión de un importante grupo de venezolanos hábiles para votar, la mayoría de los cuales habían firmado para solicitar el Referendo Revocatorio del mandato de Hugo Chávez Frías. Atentando  contra el derecho de participación política de los venezolanos de la tercera edad, el C.N.E. les requiere la presentación de Fe de Vida reciente certificada por las autoridades competentes ante cualquier Centro de Actualización u Oficina Regional Electoral y llenar la planilla correspondiente, como requisitos necesarios para mantenerse dentro del Registro Electoral. Esto es absolutamente inhumano.

Ante la distorsión absoluta del REP la Organización de los Estados Americanos recomendó en su informe final la ejecución de una auditoria. La reacción del CNE ha sido suscribir un convenio de asistencia técnica con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, en el que no se regula una auditoria integral, se excluye a los factores de la Sociedad Democrática y, lo que es peor, los resultados confidenciales se entregaran mucho tiempo después del proceso del 7 de agosto próximo. Entonces, el crecimiento inesperado e inusitado del REP, los vicios y omisiones que afectan la calidad de la información allí contenida, así como de ilícitos orientados a incluir, excluir o reubicar indebidamente a un número definitorio de electores, seguirán teniendo el mismo efecto sin garantías de revertir la alteración del registro, ejecutada con intención dolosa, cuantitativa y cualitativamente determinante.

Pero es que además se produce el contumaz incumplimiento de los artículos 95 y 106 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que establecen la obligación de la publicación de la lista de electores y su entrega a los partidos políticos a los efectos del control social y político del REP. Con su característico comportamiento, Jorge Rodríguez, quien se arroga ilegítimamente la condición de árbitro electoral a pesar del permanente reconocimiento de sus “compañeros de viaje revolucionario” como adalid del proceso, se justifica con el argumento de que tal entrega atenta contra la intimidad de los ciudadanos. Quizás se le olvidó, pero la Sociedad Democrática no lo hizo así, que fue precisamente él quien entregó  la información sobre los electores que apareció en la página en la Web, apoyada y promovida por un diputado en la Asamblea Nacional del partido MVR, conocida como la página de Luis Tascón, instrumento del que se sirvieron y lo siguen haciendo los organismos públicos y otros sectores vinculados al Régimen para limitar los derechos políticos de los venezolanos y ejecutar el proceso de manipulación y chantaje individual contra los promotores del referendo revocatorio. Estas acciones aberrantes se basaron fundamentalmente en la presión contra los funcionarios públicos y cualquier persona que se relacione, contrate con el Estado o pretenda acceder a los servicios públicos.

La violación de Derechos Fundamentales de los venezolanos se produjo sin que la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Supremo de Justicia tomara decisión alguna a pesar de la notoriedad de esos actos criminales y expresas acciones al respecto. Lo grotesco es que ahora utilice esa justificación para incumplir nuevamente la Ley. 

LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SECUESTRO INSTITUCIONAL Y LA ELIMINACIÓN DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN DE LAS MINORÍAS

Especial mención merece el tema del sistema conocido como “las morochas” y queremos que este Capítulo sirva como un alerta similar al que hicimos el 8 de septiembre y el 15 de octubre del año pasado. Así como el desmantelamiento del REP fue preparatorio del fraude electoral en las elecciones regionales del 31 de octubre de 2004 y el 7 de agosto de 2005, la perversión de las morochas es un ensayo a ejecutar, en las próximas elecciones, preparatorio del fraude electoral en las parlamentarias planificadas para el próximo mes de diciembre.

Se trata de un fenómeno similar al que se produjo por la aplicación de las bases propuestas para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que definieron un sistema de elección en forma personalizada (por nombre y apellido) de acuerdo al siguiente mecanismo: 1. La elección de setenta y seis (76) constituyentes en veinticuatro (24) regiones coincidentes con los Estados y el Distrito Federal con base a la población de cada entidad; 2. Igualmente se eligieron veinticuatro (24) constituyentes en una circunscripción nacional. El elector dispuso de un máximo de diez (10) votos; 3. En atención al régimen de excepción y a los compromisos asumidos en los tratados y acuerdos internacionales, las comunidades indígenas de Venezuela estuvieron representadas por tres (3) constituyentes electos de acuerdo con un mecanismo diseñado para tales efectos. Sobre la base de este sistema de elección, las fuerzas que apoyaban la gestión de Chávez Frías obtuvieron un total del noventa y ocho por ciento (98%) de los escaños a pesar de haber obtenido menos del sesenta por ciento (60%) de los votos y con una abstención del cincuenta y cuatro por ciento (54%) de los electores inscritos y éste garantizó así un control total de la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, como se demuestra con el análisis de los sistemas electorales comparados, al aplicar un sistema uninominal en forma absoluta, sin ningún tipo de participación de las minorías, se obtienen la casi totalidad de los constituyentistas con poco mas de la mitad de los votos. Éstos mismos individuos, sin elementos que los contuvieran, redactaron y aprobaron la Constitución que les vino en gana, anularon la actuación de todos los órganos del poder público sin que la misma tuviera aun vigencia, centralizaron el poder político en unas mismas manos y le dieron una buena lección a aquellos que hacían de la uninominalidad su bandera política; sin advertir que este mecanismo favorece el dominio de un solo sector.

En las elecciones municipales existen dos tipos de circunscripciones para la elección de Concejales: una municipal a los fines del cálculo de la representación proporcional, dada la postulación mediante lista cerrada y bloqueada por municipio, y las nominales, en un número que dependerá de la cantidad de escaños a elegir por la modalidad mayoritaria. De acuerdo a la legislación venezolana, la representación de los partidos se debe corresponder con los votos que obtengan por lo que, al cálculo proporcional sobre la lista de los partidos, se le resta aquellos concejales que se obtengan en los circuitos. Para evitar la aplicación de la Ley, el Consejo Nacional Electoral ha permitido y propiciado la postulación condicionada de candidatos de una organización conocida como U.V.E., sin que esta haya cumplido con los requisitos de ley para la constitución de un partido político, con el único objetivo de no restarle al partido M.V.R. aquellos candidatos que obtengan un triunfo en los circuitos y, de esta forma, obtenga un número de concejales mayor a los que les correspondería por su votación.

Este mecanismo degenerado que, repetimos, constituye un ensayo para la elección de parlamentarios, atenta contra los principios de pluralismo político, personalización del sufragio y de representación proporcional consagrados en los artículos 2, 6, 63 y 293 de la Constitución Federal. Lo más grave del caso no es que el Régimen, escoltado y soportado por el CNE, siga renovándose en los instrumentos que burlan la voluntad y soberanía popular sino que los factores de legitimación del mismo que se dicen de oposición critican este punto, con algunos de los argumentos con los que Federación Verdad Venezuela los combate, pero tienen un doble discurso y ensayan postulaciones con “partidos morochos” para que no se produzca el descuento en las listas en el caso de obtener algún triunfo en los circuitos.

Ellos asumen que se cumplirá la instrucción dada a sus partidarios de votar por la lista con un símbolo y en la uninominal con otro distinto. Olvidan que el primer ingrediente para que sea efectivo el mecanismo es la unidad que refleje la mayoría y el otro es contar con los votos suficientes. Cuando se percaten que combatir la inmoralidad con más inmoralidad no tiene un efecto practico será demasiado tarde. Ya el sistema estará consolidado y en las elecciones parlamentarias se oirá al cínico de turno que ocupe la Presidencia del CNE decirles: “Pero si ustedes participaron y utilizaron ‘las morochas’ en las elecciones municipales”. Así seguirán pagando los ciudadanos y el pueblo venezolano la ineptitud, la infidelidad y oportunismo de aquellos que solo se diferencian de los secuaces del Régimen en el color de sus banderas.

El sistema proporcional hace prevalecer el sentido del voto igualitario y la representación de todos los grupos sociales con base en su preponderancia. Intenta superar la principal deficiencia del sistema mayoritario que no permite la participación equitativa de todos los grupos sociales. El derecho de la mayoría es siempre un derecho en concurrencia con el derecho de las minorías, con el consecuencial reconocimiento de que estas pueden convertirse en mayorías.

LA MANIPULACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Constituye un hecho comprobados por la verificación de las migraciones que detectamos el año pasado que un porcentaje muy elevado de nuevos inscritos se orientó a áreas rurales y urbanas no consolidadas donde el gobierno podía ejercer un control y coacción utilizando como medios sus grupos de presión (UBEs) y a “grupos de la reserva militar” que cumplieron funciones electorales y no de control del orden público. Las denuncias que tramitamos apuntaron a la ubicación de nuevos inscritos en centros manuales, de más fácil control por los medios que utilizó el gobierno. En los casos de municipios pequeños (rurales e intermedios), se han reportado reubicaciones de electores que alcanzaron a más de un 50% de la población electoral del Municipio.

El año pasado sostuvimos que, este mecanismo, perseguía controlar el voto y procurar un resultado favorable al gobierno que justificara lo que se hizo con el sistema automatizado de votación. Es decir, el resultado electoral automatizado sólo podía ser creíble en la medida que el de las mesas manuales fuera similar, y esto sólo era posible si se materializaba una movilización importante hacia estos centros de manera de alterar la conducta esperada de los mismos. Pero este esquema atiende a barrer con toda oposición a nivel de los circuitos electorales porque el mecanismo para obtener una mayoría inmerecida en las planchas o listas es la aplicación del sistema de “las morochas”.

Insistimos en que desde el año pasado venimos denunciando que “con la manipulación del Registro Electoral, en forma fraudulenta se produce el fenómeno general de localidades, ciudades y municipios en los que existen más votantes que habitantes; además, la manipulación se constata con mayor vigor en los centros en que la votación fue manual mediante el incremento imposible a pesar de la estabilidad del crecimiento poblacional. Todas estas afirmaciones con base a las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Esta situación se combina con la manipulación de los circuitos electorales que afecta las venideras elecciones” (Cfr. Informe del 8 de septiembre de 2004). Y cuando hablamos de las venideras elecciones nos referíamos a las regionales, a estas municipales y a las parlamentarias.

No contentos con la movilidad Intercircuital que hemos denunciado tantas veces, el CNE modificó los circuitos de forma que afecta al 32,27 % de la población electoral, no realizó consulta alguna a los factores que intervienen en el proceso, publicó los cambios como definitivos antes que interviniera la Asamblea Nacional y, lo más grave, violó el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que establece expresamente la obligación de que estos cambios sean aprobados seis (6) meses antes de los procesos electorales, ya que la solicitud fue recibida por el cuerpo legislativo el 12 de febrero de este año.

LA AUTOMATIZACIÓN COMO BLINDAJE DE UN DESPOJO

En el marco de las continuas conductas engañosas del CNE que abarcan, entre otras, la modificación de las normas en contra del principio de intangibilidad originariamente aceptado por los factores políticos y el diseño obstructivo y selectivo del proceso de votación, aparece el uso de tecnologías (máquinas de votación, caza huellas y cuadernos electrónicos) como un mecanismo que permite borrar las rastros de un fraude. Y es que, de acuerdo con las normas internacionales en materia de observación de los procesos electorales, en los casos de procesos automatizados, la ausencia de auditorias presupone la existencia de fraude.

Es por ello que tiene razón el vocero alienista del CNE cuando afirma que el proceso esta blindado. No puede ser de otra forma porque los programas del sistema automatizado no han sido actualizados de acuerdo con normas de seguridad que garanticen la pureza de los mismos, la operación por las personas exclusivamente autorizadas y la ejecución de procedimientos de prueba apropiados; no existe un apropiado resguardo de los equipos a fin de evitar la manipulación y alteración de las que son objeto por la falta de control de los candidatos no oficialistas; han fracasado las pruebas de auditoria o han sido excluidos los partidos políticos y las organizaciones ciudadanas; no se respeta el proceso de retorno del material, resguardo de las urnas electorales y las actas para garantizar su protección durante los noventa (90) días posteriores a la jornada electoral, tal como establece la ley; se da un aislamiento de las instalaciones en que se realizan las actividades fundamentales del proceso electoral prohibiendo el ingreso de los factores de oposición y facilitando la intervención de factores del oficialismo; se utiliza un sistema de identificación de huellas y de cuadernos electrónicos con el objetivo de identificar a los votantes, en tiempo real, controlando el flujo oficialismo-oposición con las bases de datos de ambos bloques; la comunicación de la información y su procesamiento no es confiable y puede ser intervenida desde distintos centros habilitados al efecto; y, finalmente, no existen mecanismos de seguridad sobre el acceso a la red.

Es por tal razón que los forjadores del blindaje no pueden permitir el conteo manual de boletas aunque esto implique la violación de los artículos 172, 219 y 220 de la Ley Orgánica del Sufragio y participación política. Una usurpación así concebida tiene que estar embadurnada por una cubierta de inmundicia bien sólida.

EL VENTAJISMO Y LA PARCIALIDAD

Los factores que apoyaban a Chávez Frías procedieron a designar discrecionalmente a los miembros del CNE con la anuencia de la Sentencia del 30 de junio de 2000, emanada de una provisoria Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se declara que la Comisión Legislativa Nacional (suerte de parlamento nombrado unilateralmente por el partido dominante en la Constituyente) “no tendría porqué ceñirse a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dado que, en el caso respectivo, había hecho la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral con carácter provisorio. Después reiterarían la acción pero esta vez con el argumento de una omisión legislativa y marginando a la sociedad democrática del proceso de selección en violación de los criterios objetivos que la Constitución de 1999 establece como condición para ocupar dichos cargos.

La sumisión absoluta del árbitro electoral no es casual. En reciente programa dominical, realizado el 10 de julio de 2005, en el que intervinieron jerarcas del Régimen, uno de ellos le recordaba a Chávez Frías como un movimiento político de origen universitario y en el que participó el Presidente del CNE estaba absolutamente comprometido con el “proceso revolucionario” y “formaba parte del Gobierno”. Ante la directa alusión al compromiso de Jorge Rodríguez, Chávez Frías procedió a alabarlo por los servicios realizados; como si fuera un miembro más de su Gobierno, porque en realidad lo es, al convertir al CNE en un Ministerio de Asuntos Electorales del Régimen.

Este apéndice del Régimen es el que permite que los recursos públicos y las instituciones que deberían estar al servicio de la Nación sean utilizados con fines electorales para determinar el comportamiento de una población que se hace más dependiente de los programas del Estado en virtud de sufrir los embates del desempleo y la marginalidad. Este ventajismo grosero esta combinado con agresiones violatorias de los derechos humanos y el desconocimiento de las legítimas autoridades que detentan diversas instancias del Poder local y estadal sometidas al embargo de los recursos que, en virtud del proceso de descentralización y la Constitución, les corresponden. También es el que avaló el acto más artero de ventajismo y violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos al permitir la libre utilización de la base de datos del CNE que contiene el listado de aquellos que activaron el referendo revocatorio del mandato de Hugo Chávez Frías y los resultados de la revisión de las firmas, publicada en la página Web del organismo, como instrumento objetivo para determinar los lugares en los que, en forma selectiva, se ejecutaría la manipulación del sistema automatizado. Además, como ya se indicó, gracias a esa colaboración, se ejecutó el proceso de manipulación y chantaje individual; y aquí destacan las presiones a determinados sectores de la población como los funcionarios públicos y cualquier persona que se relacione o contrate con el Estado y pretenda acceder a los servicios públicos.

¿QUE HACER?

La fuerza moral del país se manifestó con la afirmación del Cardenal Rosalio Castillo Lara: “Estamos en dictadura porque se han contrariado principios constitucionales y se han burlado las leyes para constituir el CNE y designar los jueces del TSJ. Se trata de graves violaciones que exigirían un desconocimiento”. Ante el hecho objetivo de la ilegitimidad del Consejo Nacional Electoral, la conclusión es obvia: las normas aprobadas por ese Cuerpo y los procesos por él organizado son igualmente ilegítimos; razón por la cual constituye un justificado derecho de la Sociedad Democrática proceder a su desconocimiento.

No existe una estrategia sincera y definida de defensa de los derechos políticos de los ciudadanos por lo que algunas organizaciones de la Sociedad Democrática son las que se han encargado de asumir ese rol. Creemos en la consolidación de un sistema de partidos con base democrática que asuma la responsabilidad de dirigencia y que este en sintonía con el sentimiento y necesidades del pueblo. Rechazamos el comportamiento de aquellas organizaciones que, con el doble discurso que hemos denunciado, participan en un proceso de legitimación de un Régimen que encuentra como fortaleza fundamental tal intervención.

Este sometimiento confirma la existencia de un esquema fraudulento que se mantendrá mientras siga al frente del Consejo Nacional Electoral Jorge Rodríguez, quien se dice Rector y Presidente de ese Cuerpo. Su presencia agrava las circunstancias que hacen del Poder Electoral una maquinaria que contradice los fines por los cuales la Constitución lo consolidó como poder autónomo en el ámbito del Sistema Político venezolano.

Federación Verdad Venezuela hace un llamado a la militancia de base y dirigencia regional de los partidos políticos que participan en el simulacro electoral del 7 de agosto para que le exijan a la dirección nacional de sus partidos una explicación sobre su comportamiento, en el marco del evento del 31 de octubre del año pasado, después de haber sido precisamente ellos quienes denunciaron el fraude electoral. Que les expliquen porque la verdadera agenda fue ir a esa fecha sin hacer uso de los argumentos que les permitían el diferimiento de las elecciones y cómo pueden justificar la “defensa de espacios” mientras se da la perdida anunciada de Gobernaciones y Alcaldías. El porqué tienen un discurso público pero sus ejecutorias son contrarias al mismo.

Igualmente, exhortamos a los candidatos que se han postulado en las próximas elecciones municipales para que, ante la permanencia de las condiciones fraudulentas y el ventajismo oficial, analicen sus posibilidades reales y en conciencia estudien el retiro de sus candidaturas en dichos comicios. Deben ponderar si tiene sentido convalidar al CNE ilegítimo y a un sistema electoral que contraría los más elementales principios democráticos constituyéndose así en un factor de legitimación de la relación de dominio del Régimen sobre la Sociedad Democrática.

La Verdad es que el ejercicio del voto es un derecho ciudadano y un problema de conciencia. Lo que hay que definir es sí, ciertamente, con ese voto se decide algo; si esos candidatos que pugnan por él se lo merecen; sí puede este convertirse en un elemento de apoyo a aquellas fuerzas que promueven la dispersión y división de las fuerzas democráticas por la persecución de sus intereses grupales o personales; sí llegó el momento de enfrentar a un Régimen con prácticas incompatibles con los valores democráticos; sí, en definitiva, al aceptar el esquema que aquí hemos denunciado, en el marco de las elecciones municipales, se esta preparando el terreno para el desastre electoral de las elecciones parlamentarias de diciembre y la reelección de los males que están desintegrando a este país.

No se trata de un problema de enumeración de elementos para definir si una elección es limpia o no. La inexistencia de condiciones de participación son irreversibles por lo que Federación Verdad Venezuela hace un llamado a la Sociedad Democrática para que desconozca a las ilegítimas autoridades del Consejo Nacional Electoral y a las normas y procesos por ellas organizados. Es un problema de dignidad nacional.

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