GUATEMALA (AFP) - La decisión de la Corte Constitucional guatemalteca de revocar al fiscal general, Conrado Reyes, acusado de corrupción y de tener vínculos con el crimen organizado, es una victoria para los defensores de los derechos humanos y de la justicia, coinciden analistas.
"Es una decisión que protege y preserva la institucionalidad. Se trata de una decisión del máximo órgano judicial del país, por ello es apegada a la ley que permite que la situación se resuelva dentro del estado de derecho", afirmó a la AFP la embajadora de Francia en Guatemala, Michèle Ramis.
La diplomática aseguró que la resolución, que obliga a hacer de nuevo el proceso de selección del fiscal, permitirá generar un mejor ambiente de trabajo entre el funcionario que sea electo para ese puesto y al sustituto del jurista español Carlos Castresana, al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), tras su renuncia.
Castresana dimitió el lunes pasado del cargo y denunció ataques sistemáticos en contra de él y de la entidad y acusó a Conrado Reyes, electo a finales de mayo por el presidente Alvaro Colom, al término de un polémico proceso salpicado de denuncias y supuestas irregularidades.
Tras presentar su renuncia, Castresana dijo que Reyes estaba vinculado a redes del crimen organizado y de adopciones ilegales.
Para el polítologo Álvaro Pop, la resolución de la Corte Constitucional "genera expectativas positivas", ya que el nuevo titular de la Cicig tendrá "condiciones más favorables" para realizar su labor al frente de la entidad.
Esta decisión también le ha evitado al presidente Alvaro Colom tener que tomar la difícil decisión de revocar un nombramiento que hizo el pasado 25 de mayo y que lo había dejado en posición de debilidad tras la renuncia y las acusaciones de Castresana contra el fiscal.
Castresana había obtenido éxitos notables en los casi tres años que llevaba al frente de Cicig, entre ellos, la detención del ex presidente Alfonso Portillo (2000-04) para su extradición a Estados Unidos -el primer mandatario que se sienta en el banquillo-, que lo acusa de lavado de dinero público, y la resolución del sonado asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien días antes de su muerte había acusado en un vídeo al presidente Colom de la misma.
La embajadora Ramis sostiene que los avances alcanzados por Castresana son una base sólida para continuar el camino emprendido en setiembre de 2007.
"Van a ser dos personas totalmente nuevas, pero con un buen legado de sus antecesores. Tendrán una base fuerte", afirmó la diplomática, quien también reconoció la labor del ex fiscal general, Amílcar Velásquez, cuya gestión concluyó en mayo pasado.
Ramis lamentó, al igual que los jefes de misión de la Unión Europea (UE), las circunstancias en que se produjo la renuncia de Castresana al frente de la Cicig, pero sostuvo que respeta su decisión.
Por medio de un comunicado, la mision de la UE en Guatemala instó a las autoridades a que refuercen su apoyo a la Cicig y adopten las medidas necesarias para combatir la impunidad en el país.
"La Unión Europea está dispuesta a continuar apoyando a Guatemala en esta lucha, incluyendo el fortalecimiento de las instituciones en los sectores de seguridad y justicia", sostiene el texto divulgado este viernes.
Asimismo, las organizaciones guatemaltecas de derechos humanos consideran que Castresana era una pieza clave en la estrategia de esta guerra contra la impunidad, que según estimaciones alcanza el 98% de los casos en el país.
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