democracia participativa y derechos humanos / participatory democracy & human rights

• Se impide que un sacerdote recluido en el campo de Marcos Paz (foto) oficie la misa y dé la comunión
• Se hostiga a los prisioneros políticos haciéndoles revisiones y recuentos a altas horas de la noche 
• Se aplica la justicia a sólo una de las partes que se enfrentaron en la "Guerra Sucia"

Los enfrentamientos represivos entre las fuerzas políticas ha sido una constante en la Argentina desde el acceso del peronismo al poder a mediados del siglo pasado, una tendencia originalmente de corte fascista que derivó mediante notables componendas con elementos marxistas y revolucionarios en un auténtico régimen represivo, siguiendo la pauta del socialismo marxista y el socialismo facista que en Europa se confabularon antes de la II Guerra Mundial para repartirse la Europa Oriental.

La rivalidad entre estas dos tendencias extremistas del socialismo que se produjo por el choque de las ambiciones de Hitler y Mussolini por una parte y de Stalin por la otra, quedó olvidada en el segundo período peronista, cuando Juan Domingo Perón volvió al poder en 1973. Esta estrategia fue diseñada para ampliar su base política y perpetuarse en el poder y dio lugar a una notable situación de inestabilidad, permitiendo un alto grado de impunidad a movimientos extremistas que auspiciaban la represión de cualquier tendencia política más moderada. Tras la muerte de Perón, toma el poder su esposa Isabel y bajo su mandato el país se sume en un período verdaderamente caótico.

El caos económico, las luchas facciosas, los atentados y asesinatos cotidianos, la acción de las organizaciones guerrilleras y el terror urbano auspiciado desde Cuba y otros países del imperio soviético a través de organizaciones revolucionarias tales como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), crearon las condiciones para que el país aceptara un golpe de estado que prometíera restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. La situación era insostenible y los revoltosos llegaron a integrar uno de los movimientos terroristas más poderosos del mundo, ya que tenían su propia artillería, y eran asesorados por expertos europeos en la fabricación de sus propias armas.

Por tanto, las fuerzas armadas argentinas decidieron intervenir y se produjo el golpe de Estado de marzo de 1976, por la Junta integrada por el Gral. del Ejército Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera de la Marina y el Brigadier Orlando Ramón Agosti de la Aeronáutica.

La estrategia seguida por la Junta Militar fue calificada como "Guerra Sucia" y destacó por la violación sistemática de los derechos humanos y otras características propias de una feeroz dictadura. El período de gobierno de la dictadura militar se extendió hasta que entregaron el poder después de celebrar unas elecciones libres en 1983, en las que resultó electo presidente Raúl Alfonsín.

El ejemplo de España tras la caída del franquismo pareció ser el modelo de reconciliación nacional que habría de permitir el regreso a la estabilidad y el orden en un país que se había visto convulsionado también por una verdadera guerra civil.

Ningún amante de la democracia que tenga un poco de sensibilidad frente a los abusos de poder podría defender la estrategia de violencia y represión que imperaron durante los años de la dictadura militar. Por otra parte, era también indefendible la cultura de violencia y terrorismo de los elementos extremistas que habían apoyado al peronismo y habían tratado de predominar en la lucha por el poder absoluto.

La pura verdad es que se produjeron graves excesos por ambas partes. La solución de Raúl Alfonsín, respaldada por la mayoría del pueblo argentino consistió primero en sancionar los decretos 157 y 158 por medio de los cuales se enjuiciaría a los principales líderes terroristas y guerrilleros y a los principales jefes de las Juntas considerados responsables de crímenes de lesa humanidad. Finalmente se llegaría a un acuerdo de reconciliación mediante las leyes conocidas como "Obediencia Debida" y "Punto Final".

Ahora se encuentra Argentina gobernada por muchos que formaron parte o fueron simpatizantes de aquellos movimientos guerrilleros y terroristas y han vuelto a fomentar la polarización política que convierte al adversario en "enemigo" y que fomenta el revanchismo contra los que otrora los derrotaron en la llamada "Guerra Sucia".

Por lo tanto, se han anulado las leyes reconciliatorias y se procede a castigar los excesos de sólo una de las partes y a ignorar los de la otra, los cuales toman decisiones revanchistas en nombre de todos los argentinos con absoluta impunidad.

Este revanchismo no se limita a abrir causas procesales parcializadas contra una de las partes del conflicto sino que se regodea en violar también los derechos humanos de los que hoy están en desventaja en la lucha por el poder.

Cosme Beccar Varela nos escribe para denunciar estos hechos y nos cuenta que en estos días habló con el Padre von Wernich (foto), quien lo llamó desde el campo de concentración de Marcos Paz en el que este sacerdote está recluido, el cual le contó que el Director de Servicios Penitenciarios Federales a cargo de ese campo es un integrante de la agrupación delictiva autodenominada "La Cámpora".

Entre las represalias tomadas contra los presos, han cerrado la capilla del pabellón donde se encuentran los prisioneros políticos y en la que hasta hace poco el Padre von Wernich, después de celebrar misa en privado, guardaba el Santísimo Sacramento en el Sagrario donde lo podian adorar los otros presos. Ahora no pueden entrar a la capilla sino en ciertas ocasiones no religiosas. La "Hora Santa" ha sido suprimida y se le ha prohibido al Padre von Wernich dirigir las oraciones. Tampoco puede oficiar la Eucaristía y es tratado como un laico más.

Nos sigue informando el Sr. Beccar en su denuncia que el Padre von Wernich le ha informado que las capillas de los otros "pabellones" de presos han sido convertidas en depósitos de trastos viejos, profanándose el destino religioso que inspiró su construcción.

La jerarquía eclesiástica argentina parece indiferente o quizás actúa con sumisión por temor a las represalias del gobierno, pero Mons. Elizalde, Obispo de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires no ha presentado reclamación alguna por estos hechos pese a que nunca ha retirado la dispensa al Padre von Wernich para decir misa ni para confesar penitentes, lo cual evidencia que no cree justas las acusaciones del gobierno argentino. Igualmente, Mons. Bergoglio, Presidente hasta hace poco del Episcopado Argentino, guarda también un cómplice silencio. Esta actitud de lavarse las manos puede ser justificable en dictaduras comunistas como las de Cuba, Corea del Norte o Vietnam, pero es difícil de entender en un país donde todavía existen instituciones judiciales y se respeta la separación de poderes.

Por otra parte, no todas las instituciones juridiales en Argentina parecen gozar de la misma respetabilidad y se están cometiendo de hecho irregularidades abusivas en este proceso revanchista. Los jueces que mantienen en la cárcel a estos hombres desde hace ocho años, sin derecho alguno o con sentencias basadas en el testimonios circunstanciales de testigos dudosos por tratarse de elementos que fueron sus enemigos a muerte en la lucha antiterrorista o "Guerra Sucia", olvidan, además, que el artículo 18 de la Constitución Nacional dice: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de los que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice".

El "juez de ejecución" de la "pena" impuesta al Padre von Wernich es el juez Carlos A. Rozansky (foto), quien parece actuar con impunidad en sus decisiones inconstitucionales. Pero la inconstitucionalidad de este revanchismo no se limita a un hecho como éste sino que casi todos los más de mil prisioneros políticos sometidos a una alegada "prisión preventiva", se encuentran privados de libertad en exceso de todos los máximos legales o castigados con sentencias notoriamente arbitrarias por falta de más pruebas que las basadas en esos testimonios circunstanciales de sus enemigos políticos, con violación flagrante de la presunción de inocencia que establece el art. 11 de la Declaración de Derechos Humanos, la ley y la jurisprudencia argentinas.

Eduardo Palacios Molina le ha hecho llegar al Sr. Beccar otra denuncia que subraya las lamentables condiciones carcelarias a que se tiene sometidos a estos prisioneros políticos en Argentina. El Sr. Palacios destaca que estas condiciones han empeorado recientemente como consecuencia «de un cambio de autoridades, que reorientadas por el grupo "la cámpora" han iniciado una verdadera tarea de hostigamiento con propósitos de molestar y torturar psíquicamente a los presos políticos, personas de avanzada edad, profesionales y abuelos en su mayoría, haciéndoles revisiones y recuentos de detenidos a alta horas de la noche, para interrumpirles el sueño, pese a que casi todos son personas que padecen enfermedades cardiovasculares, circulatorias, diabetes, cáncer y otras patologías por las que no reciben tratamiento, ya que dicha unidad carcelaria carece de establecimiento de mediana complejidad médica y de lugares adecuados de internación.»

Denuncia también el hecho de que los delincuentes comunes tienen más derechos que los prisioneros políticos, cuyos familiares, además, son peor tratados. Es ostensible el odio que mueve esta maquinaria terrorista desde el poder para vengarse con esta feroz estrategia de revanchismo.

Un país que se precia de mantener un régimen democrático está obligado a poner coto a estos abusos.