Informe de EEUU crítica situación de los DDHH en Cuba, Venezuela y Honduras

Informe de EEUU crítica situación de los DDHH en Cuba, Venezuela y Honduras

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Washington (AFP) - El gobierno de Cuba siguió negando a sus ciudadanos derechos humanos básicos, mientras que en Venezuela hubo un incremento del acoso a los medios y a la oposición, denunció este jueves un informe anual de Estados Unidos.

En el informe emitido por el Departamento de Estado, el gobierno de Barack Obama también criticó las violaciones de derechos humanos en Honduras por parte del régimen de facto que se instaló tras el golpe de Estado en junio de 2009.

En Cuba, el régimen castrista "continuó negando a sus ciudadanos sus derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a cambiar su gobierno, y cometió numerosos y serios abusos", indicó el informe, que evalúa la situación de los derechos humanos en el mundo.

Entre las violaciones del gobierno cubano, el informe enumeró acoso, golpizas y amenazas contra opositores por parte de agentes del Estado; detención arbitraria de defensores de derechos humanos; y falta de procesos judiciales justos.

Asimismo, según Washington en Cuba se limitó la libertad de expresión, de movimiento y de profesión religiosa, las autoridades monitorearon comunicaciones privadas y negaron el reconocimiento de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El informe destacó el caso de la reconocida bloguera Yoani Sánchez, quien fue "detenida y golpeada cuando se dirigía a una protesta pacífica" en noviembre.

En Venezuela, "la politización del sistema judicial y el acoso e intimidación oficial a la oposición política y a los medios se intensificó durante el año", afirmó el informe.

Estados Unidos identificó en el país sudamericano la existencia de presos políticos, una "sistemática discriminación por razones políticas", un sistema judicial caracterizado por la "corrupción e ineficiencia" y el cierre de medios y amenaza de clausurar otros más.

Este informe se conoce diez días después de que el Departamento de Estado emitiera otro sobre lucha antidrogas, en el que acusó a Venezuela de falta de colaboración y a agentes de ese país de asistir directamente a las guerrillas colombianas ligadas a grupos narcotraficantes.

En una primera reacción, el embajador de Caracas en Washington, Bernardo Alvarez, rechazó el informe sobre derechos humanos por su "naturaleza política" y porque "ataca a países con los que Estados Unidos tiene diferencias políticas".

Alvarez, que defendió la gestión del gobierno de Hugo Chávez, lamentó que los reportes críticos que emite Washington impidan que "Venezuela y Estados Unidos avancen en el establecimiento de una relación normal basada en el respeto mutuo y el diálogo honesto".

El informe se ocupó de la situación tras el golpe de Estado en Honduras, donde el régimen de facto limitó la libertad de expresión y de reunión a través de toques de queda, durante los cuales se registró un usó "desproporcionado" de la fuerza, que resultó en "muertes y actos de vandalismo".

También criticó la situación de los derechos humanos en Bolivia, donde "hay problemas significativos en varias áreas", y en Nicaragua, sobre todo por la corrupción y politización del organismo electoral y el sistema judicial.

Por otra parte, el reporte saludó la libertad de prensa en Colombia, a pesar de la intimidación por parte de grupos ilegales. También se hizo eco de cifras que manejan ONG, de asesinatos de ocho activistas de derechos humanos y 39 líderes sindicales.

En México, el gobierno "en general respetó y promovió los derechos humanos", aunque se registraron violaciones por parte de las fuerzas de seguridad que combaten a los violentos carteles de la droga, agregó el texto.


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The US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) is an independent, bipartisan U.S. federal government commission, created in 1998 by the International Religios Freedom Act (IRFA). USCIRF Commissioners are appointed by the President and the leadership of both political parties in the Senate and the House of Representatives. USCIRF's principal responsibilities are to review the facts and circumstances of violations of religious freedom internationally and to make policy recommendations to the President, the Secretary of State and Congress.

These recommendations are formally presented through USCIRF's Annual Report.  The Department of State submits these reports to Congress in compliance with Section 102(b) of the International Religious Freedom Act (IRFA) of 1998.  The law provides that the Secretary of State, with the assistance of the Ambassador at Large for International Religious Freedom, shall transmit to Congress "an Annual Report on International Religious Freedom supplementing the most recent Human Rights Reports by providing additional detailed information with respect to matters involving international religious freedom."  Reports are available to the public (click on the titles below) and institutions may get free hard copies if requested.

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