Ginebra (AFP) - Jefes de bandas criminales que se dieron a la fuga tras el sismo del 12 de enero, traficantes de niños y delincuentes de todo tipo constituyen graves amenazas para los derechos humanos en Haití, advirtió el miércoles la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillay.
En un mensaje al Consejo reunido en Ginebra para una sesión extraordinaria sobre la situación en Haití, luego del violento terremoto que dejó al menos 150.000 muertos y cerca de un millón de damnificados, Navi Pillay expresó su "temor de que prisioneros evadidos de las cárceles haitianas, incluyendo a delincuentes sin escrúpulos, puedan procurarse armas y se lancen a actividades criminales violentas".
La alta funcionaria también señaló informaciones "alarmantes sobre ejecuciones sumarias (de presuntos criminales) por muchedumbres encolerizadas".
"De acuerdo con las lecciones del pasado, debemos prevenir y controlar esas violaciones (de los derechos humanos) que a menudo se producen luego de las catástrofes", agregó.
"Una parte de los jefes de las bandas se dio a la fuga (mientras que) la policía y la justicia han sido duramente golpeadas por la catástrofe", confirmó Michel Forst, un experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití.
En junio pasado, Forst se había congratulado ante el Consejo de Derechos Humanos por "los progresos de la situación de la seguridad" en el país. "El número de secuestros había disminuido, los principales jefes (habían sido) arrestados) y yo veía allí señales alentadoras", recordó este experto de las Naciones Unidas, estimando sin embargo que "el impulso sólo fue interrumpido, no fue quebrado".
"La situación actual en Haití es un medio favorable para los traficantes, los que suministran adopciones ilegales, y otros que quieren aprovecharse de la situación (...) para sacar niños de Haití", advirtió por su parte el subdirector del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Dermot Carty, indicando que se habían iniciado investigaciones al respecto.
La sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos, que comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas, fue convocada a pedido de 37 a los 47 Estados miembros del Consejo, apoyados por unos 30 países observadores.
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