El cuerpo enflaquece, la mente se va y los miembros inferiores comienzan a hincharse. Una huelga de hambre hace que la existencia se escape poco a poco, hasta que se desdibuja el rostro de la madre sentada frente a la cama y pierde fuerza el rayo de luz que entra por la ventana. Durante 86 días Orlando Zapata Tamayo transitó del desconsuelo a la muerte. Se fue apagando, con una voluntad que ha dejado consternados a los amigos y molestos a sus opresores. Acostumbrados a disponer de su cuerpo y del herrumbroso cerrojo de su calabozo, los carceleros sienten ahora que este hombre de 42 años se les ha ido por la única salida que ellos no pueden controlar: la muerte.

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Washington, D.C., 26 de febrero de 2010.─ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta profundamente y condena la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo, quien murió de inanición tras 85 días de huelga de hambre. La CIDH expresa su pésame y solidaridad con sus familiares.

El señor Zapata Tamayo era una de las víctimas del Caso Número 12.476, donde la Comisión Interamericana recomendó al Estado de Cuba ordenar la liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas declarando nulas las condenas en su contra, por haberse basado en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos humanos. El informe de fondo de este caso, aprobado el 21 de octubre de 2006, también recomendaba adoptar las medidas necesarias para adecuar sus leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos, reparar a las víctimas y sus familiares por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana establecidas en el informe, y adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares volvieran a cometerse. El Estado de Cuba no ha cumplido con las recomendaciones de la CIDH.

Orlando Zapata Tamayo había sido detenido en marzo de 2003, en el contexto de una ola represiva del Estado de Cuba en contra de activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Las más de 70 personas detenidas ese mes fueron sometidas entre el 3 y el 7 de abril de 2003 a procesos que no duraron más de un día, realizados a puertas cerradas, impidiendo la entrada reporteros, diplomáticos y público en general, al cabo de los cuales fueron sentenciados a cumplir penas de prisión de hasta 28 años. En esa ocasión, el señor Zapata Tamayo había sido condenado a tres años de prisión.

Posteriormente, el señor Zapata Tamayo fue condenado en Cuba a otras penas de cárcel, en virtud de sus opiniones disidentes. Según información periodística, habría sido sentenciado a 36 años de prisión. Información recibida por la CIDH indica que el señor Zapata Tamayo habría sido sometido a tortura y tratos inhumanos en la prisión Kilo 8.

Por otra parte, la CIDH recibió información de que tras la muerte del señor Zapata Tamayo, al menos 50 opositores habrían sido detenidos o forzados a quedarse en sus casas para evitar que fueran al velatorio y el entierro.

La Comisión vuelve a manifestar que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones y la falta de independencia del poder judicial, configuran una situación permanente de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos. La Comisión insta una vez más al Estado a realizar las reformas necesarias conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La CIDH desea reiterar en esta oportunidad al Estado de Cuba la recomendación de ordenar la liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas del Caso 12.476, declarando nulas las condenas en su contra por haberse basado en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos humanos. La CIDH insta además al Estado de Cuba a adecuar sus normas procesales a los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso, a fin de que las personas que acudan a los tribunales para la determinación de sus derechos y responsabilidades cuenten con garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.