Sres.
Presidente Hans - Pert Pöttering y demás miembros del Parlamento Europeo
Rue Wiertz 60Wiertzstraat 60B-1047. Bruxelles
Mi nombre es Iván Simonovis, de 49 años de edad y de profesión Investigador Criminal. Durante 23 años ininterrumpidos trabajé en la Policía de investigación Criminal de Venezuela y, por mis meritos, en el año 2000 fuí escogido para ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital durante los fatídicos hechos del 11 de Abril de 2002. Mi función era la coordinación y supervisión de las políticas de seguridad pública de la ciudad de Caracas, Venezuela.
Me encuentro encarcelado en la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Ministerio del Interior y Justicia (DISIP), en Caracas, Venezuela, desde el 22 de Noviembre del 2004, condenado a 30 años de presidio, es decir a una condena de muerte, después de un juicio de 3 años (el juicio más largo de la historia venezolana) además de 4 años y 6 meses de encarcelamiento, por el delito de complicidad correspectiva en relación con la muerte de 2 de los 19 fallecidos en Caracas el 11 de abril de 2002.
Permanezco, en efecto, en una celda de 4 metros cuadrados en el sótano de la sede de la policía política en Caracas, sin ventilación ni luz natural. Solo tengo acceso a la luz del sol, 2 horas cada 2 fines de semana. En total 48 horas, (2 días) al año de luz natural. El lugar donde me encuentro no es una cárcel, es la sede de la policía política de Venezuela y estas instalaciones no están diseñadas para albergar durante tanto tiempo a una persona privada de libertad. En consecuencia y dadas estas condiciones ha habido un franco deterioro de mis condiciones físicas y mentales que han ameritado recibir atención médica, en algunos casos hasta operaciones quirúrgicas cuando la he necesitado. Hay además una severa restricción de mi derecho a recibir visitas de familiares, amigos, representantes de ONG nacionales e internacionales, periodistas violando así artículos de la Convención Americana de DDHH de San José, Costa Rica.
Se me siguió un juicio sin sentido y completamente insustancial por la muerte de solo 2 de las 19 personas lamentablemente fallecidas aquel 11 de abril, que se desarrolló durante 225 audiencias. Tal juicio fue radicado en un tribunal a 100 kilómetros de Caracas, que es el lugar donde he permanecido detenido, lo que ha implicado viajar esposado más de 39.000 kilómetros.
Durante el juicio, fue escuchada la declaración de 198 testigos de los hechos y 48 expertos; se evaluaron más de 250 experticias técnico-científicas; se analizaron más de 5.700 fotografías y videos. Ninguna de esas pruebas demuestra mi culpabilidad en cuanto a los hechos que se me imputaron.
En ese mismo período de tiempo, fueron identificadas 67 personas, todas afectas al Gobierno de Hugo Chávez, disparando con armas largas y cortas contra manifestantes opositores desarmados. Todas estas personas fueron absueltas o perdonadas por el Presidente de la República mediante una Ley de Amnistía dictada por la Asamblea Nacional a petición de aquél, en Diciembre de 2007.
El día 3 de Abril fui condenado a 30 años de presidio sin ningún tipo de atenuante o beneficio, procesal por el delito de "complicidad correspectiva" sin autores materiales, insisto una pena de muerte.
Esta abominable sentencia no es ni siquiera comparable a la reciente sentencia dictada al ex-Presidente Peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por su autoría intelectual, desde la Presidencia de la República, en asesinatos con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en hechos ocurridos en los años 1991 y 1992 en el Perú.
Señores: mi casa ha sido atacada con bombas molotov; mi familia, incluyendo a mis hijos menores de edad, ha sido amenazada en su integridad física de manera pública por grupos radicales armados, afectos al gobierno nacional; mi esposa, quien además actúa como mi abogado y al igual que mis hijos, posee ciudadanía española, ha sido sometida al escarnio público, ha sido amenazada en canales de televisión y emisoras de radio oficiales y ha sido atacada en su honra de persona y de mujer de manera sistemática por grupos de personas afectas al gobierno que eran trasladados hasta la parte externa de la sede del tribunal para proferir insultos y amenazas durante su salida y entrada de las audiencias.
Hemos acudido a todas las instancias judiciales y agotado todos los recursos que la ley venezolana establece, para lograr que se realice un juicio justo y apegado al respeto a los derechos humanos, todo lo cual ha sido infructuoso.
Esta carta posiblemente ocasione consecuencias negativas para mí y mi familia, pero ante mi creciente estado de indefensión y ante la sistemática violación de mis derechos humanos, acudo respetuosamente a ustedes para solicitarles que, en consecución de la resolución recientemente aprobada por el Parlamento Europeo referida a la situación de persecución política en Venezuela, agoten todos los mecanismos posibles para que una comisión de ese Parlamento visite nuestro país y pueda constatar la situación de uso de la justicia para la persecución política.
El caso que les he narrado no es el único. En Venezuela existen más de 40 presos políticos, víctimas del castigo a la disidencia política.
Les estaré siempre agradecido de cualquier gestión que pudiera hacer ese Parlamento para ayudar a la protección de los derechos humanos y evitar que casos como éste sigan ocurriendo en Venezuela. Mi esposa y abogada está y a su absoluta disposición para sostener esta conversación personalmente con quien se le indique. Para ampliar los miles de detalles, vejaciones y agresiones que esta nota no incluye. Para llevar todos los documentos que sustentan cada una de mis palabras. Para hacer la diligencia que fuere para obtener del Parlamento Europeo la ayuda que solicito en medida desesperada.
Atentamente
Iván Simonovis
Prisionero Político
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