BOGOTÁ (AFP) - La condena a 30 años de cárcel para el coronel Alfonso Plazas por la desaparición en 1985 de 11 personas en el asalto de la guerrilla del M-19 a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, causó el jueves alegría a los familiares de las víctimas y dolor al presidente, Alvaro Uribe.
El fallo de la jueza de Bogotá María Stella Jara proferido el miércoles es el primero que se produce casi veinticinco años después de ocurrido ese hecho en el que murieron 95 personas, entre ellas once magistrados.
Uribe, el ministro de Defensa Gabriel Silva y la cúpula militar se solidarizaron con el coronel retirado Plazas, quien fue uno de los que comandaron el operativo de recuperación del edificio ocupado violentamente por la entonces guerrilla nacionalista del M-19.
"La sentencia condenatoria al coronel Plazas genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos", dijo Uribe en una alocución que hizo rodeado por su cúpula militar.
"La manera de apoyar a las víctimas del Palacio de Justicia no es creando víctimas en las Fuerzas Armadas. (...) Lo único que demandamos de la justicia es justicia imparcial y oportuna frente a los abnegados integrantes de las Fuerzas Armadas", enfatizó el gobernante.
Uribe, quien se ha caracterizado por una política de mano dura contra la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), invitó "a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una nueva legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas".
Ante las reacciones del presidente y los mandos castrenses, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia expidieron un llamado a Uribe a respetar la decisión judicial, y le recordaron su obligación de respetar la independencia de poderes.
El tema fue abordado por los candidatos presidenciales Juan Manuel Santos -oficialista- y Antanas Mockus -independiente- durante un debate televisivo, de cara al balotaje del 20 de junio, para suceder a Uribe, en el poder desde agosto de 2002.
"Hay que hacer borrón y cuenta nueva y restablecer la justicia penal militar. Determinar los linderos de la justicia penal militar, la Fiscalía y la Procuraduría", aseguró el ex ministro de Defensa Santos al respaldar la propuesta formulada por Uribe.
Mockus -candidato por el Partido Verde- se declaró a favor de "defender la justicia ordinaria". "Los actos de servicio los juzga la justicia penal militar, y los delitos de lesa humanidad, la justicia ordinaria", dijo, tras comparar a Plazas con el dictador chileno Augusto Pinochet.
"Pinochet fue un militar que si bien pudo haber hecho cosas buenas, y mostró algunos resultados positivos, como Plazas, se extralimitó y por ello mereció ser castigado", dijo Mockus.
Santos acusó a su adversario de "ofender a los soldados colombianos", con la comparación.
Mientras, desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección para la jueza que emitió el fallo, y solicitó a Uribe "que adopte medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal" de la funcionaria judicial.
Los familiares de las once personas que desaparecieron tras la recuperación del edificio a sangre y fuego por los militares, celebraron la sentencia, aunque reclamaron saber la suerte de sus seres queridos.
"La condena que se produce después de casi un cuarto de siglo es ejemplarizante, pero aún no encontramos respuesta a la pregunta de dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia", dijo a la privada radio RCN René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de los desaparecidos.
Un informe de una comisión de la verdad reveló que el asalto fue financiado por el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar, quien pretendía que fuesen quemados archivos del tribunal y que las Fuerzas Militares actuaron con "exceso de fuerza" y sin una "real intención de salvar a los rehenes".
El coronel Plazas niega que se produjesen desapariciones en ese hecho, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, en el que murieron todos los integrantes del comando del M-19, salvo la guerrillera Irma Franco, que figura entre los desaparecidos.
El M-19 se desmovilizó en 1989 y sus integrantes fueron amnistiados.
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