Personalmente no tengo como lo más importante mi posible liberación o la continuidad de mi condena, sino –y esto sí es trascendental– el establecimiento de un marco de total respeto a los derechos inherentes a la libertad de la persona humana, para todos los cubanos.
Pedro Argüelles Morán, preso de conciencia, prisión provincial de Canaleta, Ciego de Ávila, mayo de 2010
En los últimos años, el gobierno de Cuba ha tomado medidas limitadas para abordar la larga situación de represión de la libertad de expresión en el país. Aunque bienvenidos, estos cambios han tenido un efecto limitado. La infraestructura legal, burocrática y administrativa establecida a lo largo de los años para silenciar a los opositores al gobierno y mantener el sistema unipartidista permanece en gran medida intacta. Quienes manifiestan opiniones que se apartan de las permitidas por las autoridades siguen sufriendo intimidación, acoso, detención arbitraria o encarcelamiento tras juicios injustos y, a menudo, sumarios.
El principio de que nadie debe ser encarcelado por expresar pacíficamente sus opiniones es una de las normas más ampliamente aceptadas del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, a lo largo de los años, cientos de presos de conciencia han sido encarcelados en Cuba por expresar pacíficamente sus opiniones. Algunos fueron encarcelados tras campañas en gran escala de represión de la disidencia política; otros fueron blanco de ataques individuales. En el momento de redactar este informe, 54 presos de conciencia permanecen recluidos en poder de las autoridades cubanas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. El acoso, la intimidación, la detención arbitraria y los procesamientos penales, son todos ellos prácticas que siguen empleándose para restringir la expresión de opiniones críticas con el gobierno. El blanco de estas prácticas son los disidentes y críticos del gobierno, en muchos casos periodistas independientes y activistas políticos y de derechos humanos.
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